LA CRISIS DE COLOMBIA.
Por Fernando Ribadeneira
LA CRISIS ACTUAL DE COLOMBIA
La violencia que agita a Colombia es de vieja data, reviste características estructurales de índole histórico que se remontan a siglos atrás en los albores de la propia independencia y que tuvo una de sus manifestaciones más difíciles en la llamada “guerra de los mil días”, originada en la lucha encarnizada entre liberales y conservadores por el dominio del poder, a caballo entre los siglos XIX y XX, que fue el mejor escenario en medio del caos imperante para la pérdida del departamento de Panamá en 1903, que le perteneció desde 1821, cuando esta última se convirtió en nación independiente.
El enfrentamiento político entre aquellas dos grandes agrupaciones que monopolizaron la conducción de los destinos de Colombia, estuvo acompañado de la exclusión de otros sectores de la sociedad que reivindicaban similar derecho de asumir los destinos de la nación, con el rechazo igualmente de amplios grupos sociales y populares que se consideraron marginados de la atención a sus necesidades básicas por parte del Estado.
Como resultado de ese panorama exclusivo y excluyente, surgieron movimientos guerrilleros como el M-19; las FARC, de inspiración soviética; el ELN, promovido por la revolución cubana, entre los más conocidos, con el objetivo de enfrentar a los sucesivos gobiernos, calificados de elitistas, para reivindicar la justicia social a través de la lucha armada.
El M-19, autor entre otros del cruel y más conocido atentado contra la Corte Suprema de Justicia en la segunda década de los años 80 del siglo pasado, desapareció luego de negociar la desmovilización, mientras que las FARC suscribieron en años recientes el Acuerdo de Paz con el Presidente Juan Manuel Santos, que fue rechazado en un plebiscito y en segunda instancia aprobado con un mecanismo ajeno a la decisión ciudadana mediante un procedimiento poco democrático fraguado por el gobierno de entonces.
Este Acuerdo contiene una serie muy amplia y compleja de condiciones, una de las cuales consiste en otorgarles directamente diez curules en la Asamblea Legislativa a los desmovilizados, sin el requisito de elección popular, y así efectivamente ocupan esas posiciones quienes conformaron la cúpula de las FARC, bajo el membrete político del partido bautizado con el nombre de COMUNES, cuando inicialmente lo denominaron Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que espantó a enormes sectores de la población por llevar las mismas siglas.
El sucesor del Presidente Santos, Iván Duque, aupado por su mentor el ex-presidente Uribe, dijo al asumir el cargo que no haría trizas al instrumento, pero que necesitaba modificaciones, y lo cierto es que, en el fondo, ha hecho todo lo posible para desnaturalizarlo con actitudes ambiguas, lo que inflama uno de los conflictos más serios que actualmente vive Colombia, porque la anhelada paz no se ha cristalizado, lo que ha causado que las disidencias guerrilleras hayan retornado a la violencia; los territorios abandonados por los que se acogieron al proceso han sido ocupados por otros grupos insurgentes, amén de los asesinatos de numereros líderes sociales atribuidos a agentes del régimen.
A semejante telón de fondo hay que incorporar el activismo del otro grupo guerrillero, el ELN, que inició en Quito un proceso de negociación con el gobierno de Santos, sin resultados después de muchas dilatorias, hasta que el asesinato de los tres periodistas de El Comercio en la frontera común, generó que el actual gobierno nacional, con razón, exigiera el cambio de sede que se trasladó a La Habana.
El proceso con el ELN en Cuba fue abortado por el Presidente Duque, después de varios atentados por esa insurgencia, especialmente en Bogotá, que ha reactivado la violencia en Colombia, frente a lo cual su gobierno ha pedido la extradición de sus negociadores que quedaron en la capital cubana, a lo que se ha negado el régimen de la isla.
Este breve relato es fundamental porque el problema central en Colombia es el de la violencia guerrillera, que ha impedido que el objetivo crucial de la paz se haya alcanzado, sumado a graves situaciones estructurales, como la injusta y desigual tenencia de la tierra, la concentración de la riqueza, el elitismo político, la escasa tributación, la educación excluyente y, por supuesto, el del narcotráfico.
El índice Gini en cuanto a la concentración de la tierra asciende, según el último censo, a cerca de 0.90, para lo cual hay que considerar que cero significa una justa distribución, y 1 todo lo contrario, de modo que la cifra es más que reveladora de la situación existente en un país tan extenso con más de 1.200.000 km2., con dos océanos y enormes riquezas mineras, ganaderas y agrícolas.
La desigualdad social es una de las mayores no solo en América Latina sino en el mundo. El 20% del ingreso está en manos del 1% de la población, y la mitad de esa cifra en manos del 10% restante.
Colombia es el principal productor de coca, con cultivos que ascienden a cerca de 200.000 hectáreas, registrándose un porcentaje elevado de esa cifra en los departamentos fronterizos con el Ecuador, Nariño y Putumayo, produciéndose una economía informal que genera violencia, corrupción, lavado de activos, extorsiones, lucha de carteles, secuestros, tráfico de armas y, por ende, una inmensa inseguridad en la zona fronteriza con nuestro país, todo lo cual conduce a un caldo de cultivo para la inestabilidad de nuestro vecino.
Ante la impotencia de controlar el auge de los cultivos, el Gobierno colombiano pretende ahora reanudar las aspersiones áreas con glifosato, con el consiguiente rechazo de amplios sectores, especialmente campesinos, aduciendo que causa graves daños a las personas, animales y medio ambiente en general.
Se recordará que en el 2008 el Ecuador llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia por las afectaciones en el área fronteriza, para el cual se vislumbró exitosos resultados, pero con muy poca información explicativa, retiramos la demanda a petición de Colombia, a cambio de una supuesta indemnización aparentemente irrisoria.
Luego, se acordó una zona libre de aspersiones dentro de un área de 10 kms. en territorio colombiano. Es preocupante la intención de retomar la medida, que fue apoyada fervientemente en el Gobierno del Presidente Trump para reducir la oferta de la droga, dado que podrían reiniciase los problemas con nuestro país que consideró que afectaba muy seriamente a los territorios de la zona norte.
Colombia había perdido poco antes un juicio instaurado ante la propia Corte por Nicaragua en relación con el Archipiélago de San Andrés y Providencia que mereció un rechazo en ese país de la opinión pública, y se apresuró en evitar que suceda lo propio con el Ecuador.
Otro factor gravitante en el reclamo popular es el elitismo político, porque existe el fenómeno de que las mismas figuras se repiten en los altos cargos de los gobiernos de turno, independientemente de su ideario, convirtiéndose en un verdadero privilegio concentrador de las dignidades y del disfrute del poder.
En medio de semejante entorno el gobierno de Colombia, asediado por la pérdida de ingresos motivada por la pandemia del covid-19, que ha elevado la pobreza al 42% de la población, pretendió una reforma tributaria para ingresar al fisco alrededor de 6.500 millones de dólares, consistente en lo fundamental en ampliar la base imponible a partir de quienes perciben cerca de 650 dólares mensuales, en vez de 1000, como es actualmente.
Además, gravar con el IVA a los gastos funerarios, a determinadas medicinas y alimentos básicos, causando la conmoción social que no se ha detenido, y en contrapartida, el otorgamiento de una renta universal de alrededor de 150 dólares mensuales a las familias más necesitadas, que no ha servido para calmar las protestas.
En suma, el gran error del gobierno de Duque ha sido presentar la reforma en momentos tan adversos, e inoportunos, aumentando la llama del descontento social, que exige no solo su retiro, como ya lo ha hecho, sino profundas reformas estructurales para atenuar la añeja desigualdad y generar mejores condiciones de vida para los sectores populares.
12.05.2021